Se extrañaba el concejal José María Saponi, en el último pleno
municipal, de que el Ayuntamiento tuviera que tomar el doloroso acuerdo de
demoler una nave industrial ya construida, en las inmediaciones de la Central
Lechera, por no tener los oportunos permisos y estar en zona verde, cuando en
pleno anterior se había tomado el mismo acuerdo con otra, construida también
ilegalmente, en las inmediaciones de la Charca de Musia.
Pensaba el concejal que menos doloroso era el haber parado la obra a
tiempo, convenciendo al promotor de que no siguiera adelante con ella, y se le
demostró, hasta la saciedad, que en este caso el Ayuntamiento había estado
insistiendo con él —desde que comenzó el cimiento—, en que no siguiera adelante
con la obra, sin hacer caso el mencionado promotor, al que ahora se le obligará
a demolerla y, de no hacerlo, será el propio Ayuntamiento quien lo haga, pasándole
el cargo del gasto.
Ignora el concejal, e ignoran muchos cacereños, que en Cáceres —de
antiguo— existe una picaresca, por parte de algunos promotores desaprensivos,
de ir a los hechos consumados, sabiendo que una vez construida la obra ilegal
el asunto se quedará en una simple multa que legalizará la situación anormal,
para la que no se hubieran obtenido los oportunos permisos, caso de
solicitarlos.
Hay muchas historias de éstas y nos parece muy bien que el actual
Ayuntamiento haya decidido que esta picaresca se termine, porque además lesiona
a los observantes de la ley.
Podríamos contar una larga historia de un promotor de casitas en el
barrio de San Roque, que hizo un montón de ellas de este modo, legalizándolas
con la multa, enriqueciéndose con el arriendo y, cuando el Ayuntamiento tomó el
acuerdo de expropiar todas estas casas próximas a la muralla, cobrando
expropiación de algo que se había construido ilegalmente.
Queremos decir con esto que aquí ha habido muchos promotores “listos” de este tipo, haciendo un
lucrativo deporte del incumplimiento de la ley, y que ya es hora de que un
ayuntamiento ponga coto a esta picaresca que se hace, no por ignorancia de la
ley —como suponía el concejal— sino con toda intención de saltársela a la
torera.
Diario HOY, 20 de diciembre de 1983
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