Yo tengo una tremenda curiosidad por saber en qué acabará lo de la
expropiación de “Valero” y también de
otras varias fincas que la Junta de Extremadura se ha empeñado en mejorar a
cuenta del dinero de todos.
Mi curiosidad radica principalmente en el famoso coto “Valero”, un poco mítico para todos los
cazadores, que más o menos sabemos —porque así nos lo han explicado— es una
finca que su antiguo dueño, hace unas generaciones, dedicó a coto de caza
porque era un secarral que no tenía otro aprovechamiento posible.
De antemano, al dar mi opinión tengo que confesar que no soy un
entendido en fincas rústicas y tengo que creerme lo que algunos técnicos,
entendidos en ellas, me han dicho, por lo que no puedo mantener una posición
cerrada a ultranza, sin creer lo que me dicen unos y otros. De “Valero”, las varias opiniones que me han
dado coinciden todas en lo que al principio digo, que esa finca no tiene más
explotación lógica que dedicarla en su totalidad al aspecto cinegético, porque
cualquier parcela que se desglosara de ella no sería rentable de por sí, ni
suficiente para mantener a nadie y menos a una familia campesina, y de serlo
(ya que hay una vega aprovechable) al cerrar ese “comedero”
a las reses, éstas acabarían muriéndose de hambre con lo que la única
dedicación de la finca nos la habríamos cargado.
Nuestra Junta, para expropiarla, se basa en la ley de fincas manifiestamente
mejorables y creo que tendrá que demostrar esa mejora en los próximos diez
años, y yo tengo esa tremenda curiosidad por ver qué hará la Junta para mejorar
esos secarrales. No digo que no pueda hacerlo, pero me gustará verlo, no vaya a
pasar como con las expropiaciones de la revolución portuguesa, que terminaron
cargándose unas magníficas explotaciones ganaderas que eran modélicas y que aún
no han podido rehacerse. Digo esto pensando en que se busca lo práctico y no el
empecinamiento político, que sería lo peor que pudiera buscarse.
Diario HOY, 11 de agosto de 1987
NOTA.- La
expropiación de la finca “Valero” fue recurrida ante los tribunales por sus
propietarios. El Tribunal
Supremo sentenció la improcedencia de la
expropiación llevada a cabo por el gobierno socialista de Rodríguez Ibarra.
(Nota de Teófilo Amores).
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