Los criterios son los criterios y uno no puede entrar en la filosofía
que los informa, ya que a lo mejor tienen unas buenísimas intenciones pero, como
suele decirse: “de buenas intenciones
está el infierno lleno”.
Digo esto porque en la discusión que la Diputación llevó a cabo en el
último pleno, en la moción que suprimía una paga extraordinaria a los
funcionarios, que se viene cobrando desde 1959, había algo de encontrada filosofía entre un grupo y otro.
El grupo socialista, que es el mayoritario, llevó adelante la moción,
en la que expresaba esa filosofía de la que hablo, que tiene un principio
social de mejor reparto de bienes, al menos teóricamente, aunque yo no sé si en
la práctica la decisión es justa, sin beneficio para lo que se invoca.
Una filosofía parecida existe en Cuba, donde han tenido que repartir
la miseria, porque no tenían otra cosa que repartir y quizás porque no supieron
crear hasta el momento nuevas fuentes de riqueza. Me explico. En Cuba —y vamos
a recurrir a un ejemplo, que es lo más explicativo— si en un hotel de primera
categoría antes había un solo ascensorista, que con el sueldo que percibía
vivía decentemente, al llegar el nuevo régimen y haber más ascensoristas en
paro, se ha seguido el criterio de repartir la hornada laboral y el sueldo entre
éste y otros ascensoristas a los que se ha colocado, llegando a la consecuencia
simple de que no hay paro —ya que lo que decimos para el ascensorista lo podemos
referir a otras profesiones—, pero lo que también es verdad es que el sueldo de
uno repartido entre cuatro no da para que viva ninguno de ellos, con o que la
creación de puestos de trabajo —al menos dignos y suficientes— es un poco
engaño y lo único que se ha hecho es repartir la miseria. Yo no sé si esto es
más justo, o lo justo sería tener la capacidad suficiente para crear más
hoteles y más ascensores por tanto, en los que pudieran colocarse los parados
con un sueldo digno todos ellos, porque lo demás —el igualatorio por abajo—
acaba siendo injusto para todos, aparte del poco respeto a los derechos
adquiridos que en un estado de derecho deben ser sagrados.
No digo que este sea el caso de la Diputación, pero esa filosofía
puede llegar a ello.
Diario HOY, 2 de noviembre de 1983
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