La rentabilidad política

Cuando nuestros políticos no cobraban sueldo y lo hacían todo “por amor al arte”, la cosa estaba más clara. Recuerdo yo que, así y todo, el público miraba más la peseta y se armaba la marimorena si algún alcalde o algún edil, de los de entonces, se ponía alguna dieta, por aquello de un viaje, un protocolo o algo por el estilo, porque entonces el público pensaba que ya que “fardaban” lo suyo, estas cosas deberían pagarlas de su bolsillo.

Esto era exagerado y hasta existe la evidencia de que algunos de ellos, que tenían industrias o negocios propios, se sacrificaban por la comunidad de tal manera que, tras unos años de gestión, su profesión o su negocio se les había venido abajo y pasaban verdaderos apuros económicos dentro del terreno particular.

Lo curioso es que estas cosas, que llegaba a conocerlas el pueblo, se tomaban como normales y hasta se decía, cuando de algo de esto se hablaba: “Pues que no se hubiera metido en la política, teniendo otras cosas más serias a que dedicarse.”

No digo con ello que no reconozca que muchos se sacrificaron por el bien común e hicieron cosas positivas, pero la comunidad, fríamente, no se las tenía en cuenta, porque nadie pensaba que el sacrificarse por los demás, debe costarnos dinero a todos.

De ahí que ahora —que hemos variado esencialmente— veamos lógico el que un hombre: edil, diputado, consejero, etcétera, deba tener un sueldo para poder olvidar su propio “modus vivendi” y dedicarse de lleno a trabajar por el bien de todos, pagándoles entre todos, esa gestión que no debe ser gratuita.

Hasta aquí creo que estemos todos de acuerdo, pero ya que hemos acordado pagar a nuestros gestores públicos, debe haber una contrapartida, o contraprestación, por parte de ellos y es que sus gestiones sean lo suficientemente beneficiosas a la comunidad como para que todos nos encontremos satisfechos de este pago. Esto se llama rentabilidad política, que creo que es lo que hay que exigir a los que cobran, por su gestión, por muy elegidos que estén por el pueblo. Esta rentabilidad es la contrapartida con la que el político debe justificar su sueldo o sus emolumentos y pienso yo, dicho sea sin ambages, que esta rentabilidad es un fallo general que venimos acusando en nuestros políticos actuales.

A mí me parece muy bien que nuestros miembros de la Junta de Extremadura —por poner un alto ejemplo— cobren sueldos equiparables a los de otras comunidades, pero al par deben exigirse ellos y exigirnos nosotros que para la región extremeña tengan igual rentabilidad que tienen, por ejemplo, para sus respectivas regiones los miembros de la de Cataluña, País Vasco etcétera, etcétera.

¿Cuándo se va a administrar aquí la eficacia de ese modo?

No trata de ser esto acusación a nadie, sino el decir que lo fácil es llegar al sillón y lo difícil justificar esa rentabilidad con gestiones positivas para la propia región que para eso los paga.

Diario HOY, 28 de junio de 1983