Eugenio Simón, socialista y por ello vicepresidente de la Diputación,
tiene un berrinche tremendo porque el tribunal contencioso administrativo de la
Audiencia obliga a la Diputación a cumplir la sentencia del hospital, la
célebre sentencia que no voy a explicar de nuevo a ustedes. Lo dijo en el pleno
corporativo y se hacía cruces (dicho sea con perdón) porque según él esa
sentencia vulnera el artículo 140 de la Constitución y un montón de artículos
más, produce indefensión y atenta a la autonomía que la Diputación debe tener e
infringe un montón de preceptos legales más que él —y lo recalcó— con 31 años
de ejercicio de la abogacía, no logra entender, Es más, se extendió en
preguntar qué hacen ahora, admitiendo a unos y echando a otros, “¿habrá que preguntar a ese tribunal cómo lo
hacemos?”, decía, para agregar un poco en tono de amenaza, que no sabían ni
cómo ni cuándo pagarían las indemnizaciones a que la sentencia le obliga.
Eugenio Simón tenía un disgusto tremendo, posiblemente porque, como
jurista, había presumido (ya lo hizo públicamente en algún pleno) de que los
equivocados eran los jueces y tenían que rectificar con aquel recurso de amparo
que se empeñó en intercalar y que siguió el mismo camino que otros recursos
aducidos por él.
Yo lo que me pregunto es, ¿por qué nos empeñamos siempre en ver la
paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio?. Si Eugenio Simón, jurista,
tiene una sentencia delante y sigue sin creérsela, no le queda más que ir a los
jueces que la dictaron (como ya le apuntaron en el propio pleno) y preguntarles
a ellos si es verdad lo que está escrito allí. Lo malo es que sus compañeros de
grupo hicieron suyas las dudas de Simón y sus palabras, sin tener la humildad
democrática de acatar la justicia, aunque no nos dé la razón, por muy
socialista que seamos. Afortunadamente, a los jueces sigue sin impresionarles
que el que mande sea muy fuerte.
Diario HOY, 21 de diciembre de 1986
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